4 prefectos piden juicio contra Evo por el caso YPFB

El prefecto Mario Cossío presentó una demanda por la comisión de tres delitos. Sus colegas de Santa Cruz, Beni y Chuquisaca se sumaron. El Gobierno asegura que se trata de una cortina de humo y anunció el procesamiento del chapaco.

Los prefectos de la denominada media luna decidieron impulsar una demanda de juicio contra el presidente Evo Morales, por la presunta comisión de los delitos de aprobación de resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.

De acuerdo con la demanda, que convierte al Jefe de Estado en la primera autoridad en riesgo de ser enjuiciada en el marco de la nueva Constitución Política, Morales habría violado la ley al emitir el decreto supremo 29506, por el que reformó las normas sobre contratación de bienes y servicios en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).

La respuesta del Gobierno fue inmediata y, en una conferencia realizada en el Palacio de Gobierno, los ministros de Defensa, Walker San Miguel y Defensa Legal del Estado, Héctor Arce, denunciaron que ésta es una cortina de humo para esconder los delitos que habría cometido el prefecto de Tarija, Mario Cossío.

La proposición acusatoria fue presentada en primera instancia justamente por Cossío el día lunes y ayer decidieron adherirse a ella sus colegas de Santa Cruz, Rubén Costas; Chuquisaca, Savina Cuéllar; y Beni, Ernesto Suárez.

La proposición acusatoria está sostenida en el hecho de que el decreto 29506 promueve la contratación libre de obras, bienes, servicios generales y de consultoría sin seguir los procedimientos establecidos en la Ley 1178.

El proceso ya llegó manos de un fiscal de Recursos, quien iniciará la investigación respectiva en el marco de la Ley 2445 de Juicio de Responsabilidades.

De igual forma, el ministro Arce calificó la acción judicial de los prefectos como “una aberración legal” y aseguró que no prosperará en los estrados judiciales.“La proposición acusatoria es una verdadera aberración jurídica, no tiene ningún asidero legal, porque observa un decreto supremo que incluye modificaciones que están en derecho, respetando la normativa mayor... Los decretos supremos que se dictaron en diferentes áreas para facilitar el papel productivo del país son total y plenamente legales y constitucionales. La norma tiene su sentido, justificación y total amparo en la Constitución”.

Bolivia y Perú pasan por un conflicto por dar asilo político a ministros y ex funcionarios políticos

Las relaciones entre Perú y Bolivia pasan por un período de tensión luego de que el 9 de mayo el presidente Evo Morales expresara que sería un error que el gobierno del presidente Alan García concediera asilo político a tres ministros del anterior gobernante boliviano Gonzalo Sánchez de Lozada. Dichos ex ministros son procesados por magnicidios y delitos económicos y con constantes acusaciones de injerencia y roces verbales entre sus mandatarios. El Gobierno de Morales brinda refugio a Walter Chávez, peruano buscado por sus vínculos con el MRTA.

En el último mes, Perú otorgó asilo y refugio a tres ex ministros del Gobierno del ex presidente boliviano Gonzalo Sánchez de Lozada procesados por genocidio y delitos económicos.

"La carta del presidente Evo es un programa de dignidad y de vida (...) Ha sido una carta de convocatoria de los pueblos a su dignidad, que reivindique la igualdad y la justicia", explicó el vicepresidente boliviano García. Evo Morales, Precisó que no se arrepiente de haber impulsado la transformación y la igualdad en su patria "guiado" por esos dos países, aunque haya recibido críticas de estar "sometido" a ellos.
En alusión al reciente conflicto indígena en Perú, insistió en que "no es posible a esta altura, en este nuevo milenio, que los vilipendiados de la historia sigan siendo escarmentados, amedrentados e intimidados". "Lamento mucho lo que ha pasado con los hermanos indígenas en Perú. Me acusan a mí de todo, como siempre en Bolivia", sostuvo.

Alan García, respondió al gobierno boliviana "Métete en tu país y no te metas en el mío; ya estás jalando demasiado la pita (cuerda), así que ten cuidado con las consecuencias de lo que estás haciendo", dijo García. La decisión de Perú creó un conflicto entre los Gobiernos de La Paz y Lima hasta el punto de que Morales advirtió que las relaciones diplomáticas entre ambos países estaban en "alto riesgo".

En relación al tema de fondo que enfrenta a ambos países latinoamericanos, el diario argentino Página/12 consultó a Francisco Soberón, director de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), quien consideró que “Esta decisión es preocupante y es una señal negativa para los tribunales peruanos que están juzgando casos de violaciones a los derechos humanos”.

Soberón explicó además que “Bolivia podría recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha fallado rechazando toda medida que impida la investigación y juzgamiento de delitos de lesa humanidad”.

¿Se solucionaron los conflictos de la carrera de Comunicación Social?

Hace cinco años, la Carrera de Comunicación Social de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) arrastra una controversia por una supuesta contratación irregular de 11 docentes.

Este conflicto ocasiono que estudiantes de la carrera tomasen cartas en el asunto, presionando al Decano de la Facultad de Ciencias Sociales Raúl España. Iniciando así la toma del Monoblock central; al mismo tiempo también se pidió que se anule el voto ponderado y se establezca el voto universal “democrático”.

El 7 de mayo el Monoblock central de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) reabrirá sus puertas después de permanecer tomado durante más de un mes por estudiantes de la carrera de Comunicación Social, pidiendo la renuncia de algunos docentes.

La rectora Teresa Rescala, después de haber recibido el mandato del Honorable Consejo Universitario el pasado lunes 4 de mayo, en sentido de resolver el problema y conflicto de la toma del Monoblock por parte de algunos docentes y alumnos de la Carrera de Comunicación Social, logró solucionar y normalizar las labores académicas y administrativas en éste predio.La Rectora pidió a la Contraloría General del Estado, como ente imparcial, de realizar una auditoria especial al proceso de contratación de docentes en la gestión 2003 de la Carrera de Comunicación Social que fueron observados por el procedimiento de admisión.