lunes, 29 de junio de 2009

4 prefectos piden juicio contra Evo por el caso YPFB



El prefecto Mario Cossío presentó una demanda por la comisión de tres delitos. Sus colegas de Santa Cruz, Beni y Chuquisaca se sumaron. El Gobierno asegura que se trata de una cortina de humo y anunció el procesamiento del chapaco.

Los prefectos de la denominada media luna decidieron impulsar una demanda de juicio contra el presidente Evo Morales, por la presunta comisión de los delitos de aprobación de resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.

De acuerdo con la demanda, que convierte al Jefe de Estado en la primera autoridad en riesgo de ser enjuiciada en el marco de la nueva Constitución Política, Morales habría violado la ley al emitir el decreto supremo 29506, por el que reformó las normas sobre contratación de bienes y servicios en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).

La respuesta del Gobierno fue inmediata y, en una conferencia realizada en el Palacio de Gobierno, los ministros de Defensa, Walker San Miguel y Defensa Legal del Estado, Héctor Arce, denunciaron que ésta es una cortina de humo para esconder los delitos que habría cometido el prefecto de Tarija, Mario Cossío.

La proposición acusatoria fue presentada en primera instancia justamente por Cossío el día lunes y ayer decidieron adherirse a ella sus colegas de Santa Cruz, Rubén Costas; Chuquisaca, Savina Cuéllar; y Beni, Ernesto Suárez.

La proposición acusatoria está sostenida en el hecho de que el decreto 29506 promueve la contratación libre de obras, bienes, servicios generales y de consultoría sin seguir los procedimientos establecidos en la Ley 1178.

El proceso ya llegó manos de un fiscal de Recursos, quien iniciará la investigación respectiva en el marco de la Ley 2445 de Juicio de Responsabilidades.

De igual forma, el ministro Arce calificó la acción judicial de los prefectos como “una aberración legal” y aseguró que no prosperará en los estrados judiciales.“La proposición acusatoria es una verdadera aberración jurídica, no tiene ningún asidero legal, porque observa un decreto supremo que incluye modificaciones que están en derecho, respetando la normativa mayor... Los decretos supremos que se dictaron en diferentes áreas para facilitar el papel productivo del país son total y plenamente legales y constitucionales. La norma tiene su sentido, justificación y total amparo en la Constitución”.

No hay comentarios:

Publicar un comentario